Denuncian que ICE convirtió oficina de Florida en centro de detención con hacinamiento y abusos
Organizaciones denunciaron que migrantes permanecieron hasta 27 días en instalaciones, donde el hacinamiento superó seis veces su capacidad oficial
Organizaciones civiles acusaron a las autoridades migratorias de mantener a personas detenidas hasta 27 días en instalaciones diseñadas para estancias breves. En agosto, el inmueble recibió a 342 migrantes, pese a tener capacidad para 56.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue acusado de transformar una oficina administrativa en Florida en un centro de detención migratoria, donde cientos de personas permanecieron hacinadas, sin atención médica adecuada y durante periodos que superaron los límites establecidos por la propia agencia.
Las organizaciones Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center presentaron una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que señalaron que las instalaciones de Miramar, al sur de Florida, fueron utilizadas para retener migrantes durante días y semanas, pese a que originalmente estaban destinadas a citas de supervisión y trámites administrativos.
Según el documento, ICE “ha convertido de facto Miramar, un lugar identificado públicamente para trámites administrativos y control, en un centro de detención nocturna y de varios días sin proporcionar la infraestructura ni las garantías necesarias para ese uso”.
La oficina estaba diseñada para procesar a personas por periodos inferiores a 12 horas, por lo que carecía de camas, duchas apropiadas, personal médico permanente y espacios para reuniones confidenciales con abogados. Sin embargo, los testimonios recopilados por las organizaciones revelaron estancias de entre 17 y 27 días.
Uno de los casos más graves ocurrió en agosto de 2026, cuando las instalaciones albergaron a 342 detenidos en una sola jornada, aunque su capacidad oficial era de apenas 56 personas. La ocupación superó seis veces el límite establecido.
De acuerdo con la denuncia, la falta de espacio obligó a numerosos migrantes a dormir sobre el suelo o por turnos, bajo luces que permanecieron encendidas las 24 horas y en condiciones de temperaturas extremas.
Las organizaciones también documentaron presuntos actos de intimidación por parte de agentes migratorios, a quienes acusaron de presionar a los detenidos para que firmaran documentos de salida voluntaria o deportación a cambio de recibir medicamentos o evitar traslados a instalaciones alejadas.
La situación sanitaria constituyó otro de los principales señalamientos. Entre julio de 2025 y julio de 2026, los servicios de emergencia de Miramar registraron 194 llamadas relacionadas con incidentes médicos en el inmueble, incluidas personas con problemas cardíacos, dificultades respiratorias y desmayos.
Los testimonios también describieron alimentos en mal estado, dificultades para acceder a servicios básicos y restricciones a la comunicación privada con representantes legales.
“Están tratando a la gente peor que a los animales. Incluso a los animales los tratan mejor. (…) La comida es horrible; está caducada y podrida”, relató bajo condición de anonimato una mujer que permaneció nueve días detenida junto a sus dos hijas.
Ante estas acusaciones, Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center solicitaron una investigación inmediata al inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari, y a los organismos encargados de supervisar las actuaciones del ICE.
Las organizaciones exigieron atención médica para los afectados, acceso efectivo a abogados y medidas para impedir que las instalaciones administrativas continuaran como centros de detención prolongada. También pidieron una respuesta oficial antes del 1 de diciembre de 2026, con acciones correctivas concretas.
La denuncia se sumó a una demanda colectiva presentada el 2 de octubre ante un tribunal federal de Florida por las condiciones de reclusión en Miramar.
Las acusaciones tampoco fueron las primeras contra las instalaciones. En julio, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz realizó una visita de inspección y calificó las condiciones del lugar como “horribles”, tras encontrar aproximadamente
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