ICE interroga a inmigrantes detenidos por votos ilegales y revisa 99 millones de registros
El operativo también revisa millones de registros y organizaciones de registro de votantes en estados clave
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a preguntar a personas inmigrantes detenidas si alguna vez votaron ilegalmente en Estados Unidos y, en caso de reconocerlo, cómo emitieron su voto: de manera presencial o por correo.
La medida ocurre a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato y forma parte de una investigación mucho más amplia del gobierno de Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral relacionado con personas que no son ciudadanas estadounidenses.
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La información fue revelada por The Washington Post, que tuvo acceso a detalles sobre los cambios realizados en el sistema de admisión de ICE. De acuerdo con el diario, la agencia incorporó a finales de agosto una pregunta específica sobre el voto ilegal. A partir del 1 de octubre, los agentes comenzaron a solicitar información adicional sobre la modalidad utilizada para votar cuando un detenido admitiera haberlo hecho.
Hasta ahora no está claro cuántas personas, si alguna, han reconocido ante ICE haber votado ilegalmente.
La agencia justificó la medida ante el medio y señaló que “revisa las denuncias creíbles de posible actividad delictiva dentro de su jurisdicción, incluidas las relacionadas con la integridad electoral”.
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Una investigación con millones de registros
El interrogatorio a los detenidos es solamente una parte de una operación nacional encabezada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de investigación de ICE.
Documentos internos obtenidos por Democracy Forward y reportados por CNN muestran que los investigadores analizaron cerca de 99 millones de registros. Un informe de junio señala que HSI había incorporado 50.6 millones de registros provenientes de una base de datos del Departamento de Justicia y otros 48.4 millones obtenidos por Heather Honey, asesora principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Los documentos no establecen si ambos conjuntos contienen información de personas distintas.
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La investigación también puso bajo revisión a organizaciones dedicadas al registro de votantes, incluidas algunas en Pensilvania y Nueva Jersey. Según los documentos, HSI incluso contempló utilizar agentes encubiertos en grupos que fueran considerados sospechosos de ayudar a personas no ciudadanas a registrarse para votar.
Sin embargo, algunas de las revisiones realizadas hasta ahora no encontraron evidencia de irregularidades, de acuerdo con la información difundida por CNN.
El debate llega a los tribunales
La ofensiva contra el supuesto voto de no ciudadanos enfrenta además una disputa constitucional.
El 1 de octubre, el juez federal David Leibowitz desestimó un caso contra Chelsea Cox, una ciudadana jamaicana acusada de votar ilegalmente en Florida. El magistrado concluyó que la ley federal utilizada para procesarla, la sección 611 del Título 18, es inconstitucional porque la Constitución reserva a los estados la facultad de establecer los requisitos para votar.
“Los estados, no el gobierno federal, determinan las calificaciones de los votantes”, sostuvo en el proceso Paul Clement, abogado conservador que participó como asesor del tribunal.
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El fallo no significa que los no ciudadanos puedan votar libremente en elecciones federales. De hecho, el propio caso muestra que existen otras normas que pueden utilizarse para perseguir conductas relacionadas con declaraciones falsas de ciudadanía.
Mientras el Departamento de Justicia busca apelar la decisión, ICE continúa ampliando sus investigaciones sobre la integridad electoral, colocando el tema del voto de los no ciudadanos nuevamente en el centro del debate político a semanas de las elecciones de noviembre.
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