De lo prometido…

La cruzada para “bitcoinizar” El Salvador arrancó en junio de 2021, con la aprobación en la Asamblea Legislativa —controlada por el partido del presidente, Nueva Ideas— de la ley que volvió el criptoactivo de curso legal junto al dólar, la moneda oficial de El Salvador desde hace dos décadas.

La promesa era clara: su implementación traería “prosperidad, libertad económica e inclusión financiera”.

Se dijo que abarataría las remesas, ese dinero que envía la diáspora y que representa casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) —en 2025 ascendió al 26,3%, según datos del Banco Central de Reserva—, ayudaría a incorporarse al sistema a aquella parte de la población con empleo informal y sin cuenta bancaria, y atraería inversión extranjera.

Para su puesta en marcha, el gobierno creó un fideicomiso de US$150 millones y entregó un incentivo de US$30 a cada ciudadano para que descargara la billetera digital Chivo Wallet en su celular.

También destinó otros US$50 millones para la instalación de cajeros y demás logística.

Nueve meses después, una de las primeras encuestas sobre la nueva política mostraba la poca fe que le tenían ya por aquel entonces los salvadoreños.

El 71% de los consultados al respecto por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) aseguró que no le estaba “beneficiando en nada en la economía familiar”.

Aquello se sumaba a lo observado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización estadounidense privada y sin ánimo de lucro, que en su informe de abril de 2022 recogió que la mayoría de los usuarios que descargaron la Chivo Wallet no volvieron a usarla una vez gastado el “bono” ofrecido por el gobierno.

Mientras, Bukele siguió comprando la criptomoneda con fondos públicos, a pesar de las advertencias de expertos sobre el alto riesgo al que quedaban expuestos los recursos de la nación por la inestabilidad del precio de un activo digital que perdió más del 60% de su valor en 2022.

“A veces lo hago incluso cuando estoy en el baño”, escribió el mandatario en respuesta en la red entonces llamada Twitter.

Avanzando con su plan, en enero de 2023 la Asamblea aprobó la inédita y controvertida Ley de Emisión de Activos Digitales, con el objetivo de atraer capital extranjero.

En su intento de convencer a los grandes inversores de que creyeran en su proyecto de “bitcoinizar” El Salvador y se atrevieran a hacerle préstamos de alto riesgo, el gobierno explicó en Twitter que la nueva ley allanaba el camino para los “bonos volcán” que —dijo— pronto empezaría a emitir.

Era, quizá, el paso más ambicioso del proyecto: implicaba endeudar al país en bitcoin; es decir, emitir un bono en el mercado internacional, como lo hace cualquier Estado que requiere financiarse, aunque en este caso respaldado en la criptomoneda.

La mitad del dinero del bono sería utilizada para comprar más bitcoin y la otra mitad para financiar el inicio de la construcción de una ciudad a los pies del volcán de Conchagua llamada Bitcoin City.

Para redondear la estrategia, esta suerte de urbe futurista utilizaría energía geotérmica generada por el volcán, que a su vez alimentaría las potentes redes de computadoras que se usan para crear (o minar) nuevos bitcoin.

“El plan es simple: mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad”, dijo Bukele, una narrativa que coincide con la de los criptoevangelistas.

Estos tienen especial arraigo en Estados Unidos, donde el mercado de las criptomonedas se ha dotado de un componente ideológico impulsado por republicanos radicales y anarcocapitalistas que presentan al bitcoin como una herramienta para reducir el poder de los bancos centrales y la intervención del Estado, bajo la promesa de que cualquiera puede enriquecerse si su cotización alcanza niveles estratosféricos.

Sea como fuere, ¿cuánto se ha materializado de ese catálogo de promesas que debía acompañar la “bitcoinización” de El Salvador?

Baja adopción

“Si se atiende a las razones que ofreció Bukele para la adopción del bitcoin, no hay duda de que el proyecto fracasó”, le dice el economista Carlos Acevedo, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, a BBC Mundo.

“Es muy claro que la pretensión del gobierno era que a estas alturas todo el mundo estuviera usando el bitcoin. La aprobación de la ley, la constitución del fideicomiso, todo el ecosistema estaba diseñado para eso, a pesar de que en encuestas previas la población manifestaba una alta desconfianza sobre el experimento”, explica.

“Y en ese sentido, efectivamente, no ha funcionado”, continuó.

Ya en 2022, cuando el entusiasmo por la iniciativa estaba en su punto máximo, una encuesta de CID-Gallup halló que solamente una quinta parte de las empresas aceptaba bitcoin y que tan solo el 5% de los pagos de impuestos se hacía en cripto.

Dos años después, en 2024, BBC Mundo pudo comprobar en terreno que el uso de la criptomoneda era anecdótico, concentrado mayormente en el área bautizada como Bitcoin Beach, en torno a la playa de El Zonte.

El “bitcoin no ha tenido la adopción que esperábamos”, le confesó el propio Bukele a la revista Time durante una entrevista publicada en agosto de aquel año.

Una encuesta publicada en enero de 2025 por el Iudop acabó de completar la radiografía: el 91,8% de los salvadoreños manifestó no haber utilizado el criptoactivo el año anterior; y entre ellos, un 76,2% admitió no haberlo usado nunca.

Aunque El Salvador dio el año pasado un importante salto en la bancarización, según la encuesta Global Findex 2025 del Banco Mundial, solo cuatro de cada diez salvadoreños mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria.

Remesas y bonos

La “bitcoinización” tampoco tuvo mayor impacto en las remesas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes del BCR, el porcentaje enviado mediante billeteras de criptomonedas entre enero y abril de 2026 aumentó con respecto al año anterior — 44,3% más, hasta un total de US$23,1 millones—, pero apenas representó el 0,7% del total de remesas enviadas, que ascendió a US$3.286 millones.

La gran mayoría del dinero que manda la diáspora y que constituye un salvavidas financiero para miles de hogares salvadoreños continúa llegando por los canales tradicionales.

“Lo que pasa es que la propuesta diagnosticó mal el problema”, le dice a BBC Mundo Frank Muci, investigador de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science (LSE).

“Lo que hace que las remesas sean caras (que tengan comisiones altas) es en parte que se originan en efectivo en EE.UU. y se quieren recibir también en efectivo”, explica el experto, quien ha escrito ampliamente sobre la experiencia con el bitcoin en El Salvador.

Muci describe el proyecto como un “gran nothing burger“, el concepto inglés para referirse a algo insignificante, sin impacto relevante.

Sobre el rol que el bitcoin habría tenido, según sus defensores, en la llegada de visitantes al país, Muci cree que no es “macroeconómicamente significativo”. “Si tú me preguntas qué ha hecho Bukele que realmente esté cambiando el panorama turístico, es la política de seguridad”, señala.

Con su “guerra contra las pandillas”, el gobierno de Bukele logró reducir drásticamente el índice de homicidios, al tiempo que convirtió a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

El desplome de la violencia llevó a que en febrero de 2024 el presidente Bukele fuera reelegido por una mayoría aplastante, obteniendo alrededor del 90% de los votos.

A diferencia de la de seguridad, la del bitcoin es “una política que generó cientos de titulares, si no miles, y que en el fondo no hizo nada”, prosigue Muci, “más allá de generar un gasto para su implementación y asustar a los mercados, que durante un tiempo penalizaron muy fuertemente a El Salvador”.

“Por lo menos hay que remarcar que no se ha perdido dinero”, subraya por su parte Acevedo, refiriéndose a los bitcoins adquiridos en estos años. “Si bien la inversión no ha tenido la rentabilidad que el gobierno esperaba, tampoco está tan alejada de lo que habría sido la rentabilidad del mercado si se hubiera invertido en otra cosa”.

Hasta pasado jueves, el país acumulaba 7.798,37 bitcoins (equivalente a US$636 millones, un valor que fluctúa), según la Oficina Nacional de Bitcoin, que muestra en su página web las transacciones a tiempo real.

Lo que no se ha emitido hasta la fecha son los “bonos volcán”, y tampoco se ha avanzado en la construcción de la Bitcoin City.

Es algo que Samson Mow, director ejecutivo de la firma de infraestructura bitcoin JAN3 y quien fuera el arquitecto de los “bonos volcán”, lamenta.

“Lo bueno es que sí conservaron el marco de activos digitales y con eso creamos una industria regulada, próspera y robusta que está creciendo muy rápido”, le dice a BBC Mundo.

Aunque reconoce que hace mucho no habla con Bukele, también opina que el presidente “todavía cree en el bitcoin”.

“Pero necesita equilibrar esa fe con lo necesario para gobernar un país y con la presión y las condiciones impuestas por una entidad como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar mucho capital para El Salvador”, subraya.

La presión del FMI

En un contexto económico complicado para el país, en diciembre de 2024 el gobierno salvadoreño alcanzó con la entidad un acuerdo de financiamiento de US$1.400 millones, con la condición de “mitigar los riesgos del bitcoin”.

Al mes, y sin mucho anuncio desde el oficialismo, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Bitcoin.

Con la modificación de seis artículos y la eliminación de tres de la pionera legislación, el criptoactivo dejó de ser moneda de curso legal, su uso quedó relegado a intercambios entre ciudadanos y empresas privadas, y su aceptación pasó de ser obligatoria a voluntaria.

Y recién en septiembre se dio otro paso más hacia el desmantelamiento del plan original para “bitcoinizar” El Salvador.

En el marco de la tercera revisión del cumplimiento de las condiciones para el préstamo, programado en varias entregas, el gobierno transfirió “la propiedad mayoritaria y el control” de la billetera estatal Chivo Wallet a un “operador privado”.

“Lo único que se transfirió fueron las acciones de Chivo, algo que se ofreció hace año y medio, y no la reserva estratégica de bitcoin”, escribió Bukele como aclaración en X después de que varios medios se hicieran eco de la noticia.

“De paso pueden leer cómo El Salvador ha logrado un superávit fiscal primario y ha superado todas las expectativas de crecimiento económico gracias a la seguridad y a la confianza de los inversionistas, además de haber alcanzado una reducción significativa de la pobreza, apoyada por mejoras en la eficiencia de los servicios públicos”, agregó.

No sería hasta el pasado jueves cuando se supo que se trata de Linguard Labs, aunque sigue sin conocerse el porcentaje adquirido y el monto de la operación. Mientras, el Estado salvadoreño permanecerá como accionista y socio.

Con esta alianza “público-privada” se contempla el relanzamiento de la billetera con servicios que incluirían remesas gratuitas desde EE.UU. para determinados usuarios, acceso a microcréditos, adelantos en efectivo y pagos con distintos activos digitales.

Por otra parte, en el informe con el que autorizaba el nuevo desembolso de US$138 millones para El Salvador, el FMI también hizo referencia a los bitcoins que el Ejecutivo siguió comprando.

De hecho, continuó con esas adquisiciones incluso tras la firma del préstamo, a pesar de que frenar la inversión era una condición explícita para ello, según mostró el sitio oficial de The Bitcoin Office, que recoge datos sobre la compraventa de la criptomoneda y su reserva.

En su comunicado, sin embargo, el FMI señaló que los últimos bitcoins fueron adquiridos gracias a “donaciones privadas y no ha implicado el uso de recursos públicos” y que el gobierno salvadoreño se comprometió a no invertir más. “No se prevé acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, concluyó el FMI.

Pero ¿quién está detrás de las donaciones? ¿Y a cuánto asciende su monto?

Son preguntas que se suman a las interrogantes que rodean al proyecto desde el inicio. Hasta hoy no se tiene claridad de dónde salen los fondos ni quién lleva una contraloría sobre ellos.

BBC Mundo se lo preguntó a Presidencia, pero sigue sin recibir respuesta. También le consultó al FMI, pero la entidad contestó diciendo que no tenía nada más que añadir al comunicado.

¿Qué queda del experimento?

A pesar de reconocer que el acuerdo con el FMI desmanteló los elementos más ambiciosos del experimento, sus defensores, así como algunos críticos, subrayan su impacto simbólico.

“Fue importante para la narrativa de la hiperbitcoinización, la idea de un mundo en el que el bitcoin haya reemplazado al dinero tradicional emitido por los Estados”, le dice Muci, el investigador del LSE, a BBC Mundo.

Antes de 2021, la idea de que un gobierno pudiera adoptar el bitcoin era puramente hipotético. Y El Salvador, bajo Bukele, lo volvió realidad, al menos por un tiempo, subraya por su parte Mow.

“Para el bitcoin fue una validación del concepto, mientras que El Salvador consiguió un escenario global”, agrega.

Aunque reconoce que esperaba que otros países siguieran rápido el ejemplo, de la experiencia de El Salvador aprendió que es “más difícil de lo que parece”.

“Incluso cuando se tiene un gobierno con enormes cuotas de poder, en realidad no se puede imponer la adopción”, dice sobre las lecciones que deja el ejemplo de El Salvador.

“Debe haber un enfoque combinado, de iniciativas impulsadas desde el gobierno que allanen el camino para que los mercados funcionen libremente y para eliminar los obstáculos que impiden a la gente adoptar esta tecnología, y otras iniciativas más centradas en la educación”, opina.

“De todas maneras, no creo que el bitcoin necesite un decreto que obligue a la gente a usarlo, porque estoy convencido de que es la mejor forma de dinero que ha conocido la humanidad y de que su adopción se producirá de manera natural”, concluye.