Siete días para no quedarse fuera y más de 900.000 migrantes pendientes de una regularización histórica

El plazo para presentar solicitudes a la regularización extraordinaria termina el próximo martes 30.​

Idrissa mira cada día el estado de su expediente: “En trámite”, marca la plataforma. Hace dos meses que presentó su solicitud para acogerse a la regularización extraordinaria y ya ha conseguido un permiso provisional de trabajo, pero no se atreve a celebrarlo hasta conseguir el definitivo. “Tengo esperanza, pero a la vez estoy preocupado. Sé de personas que iniciaron el trámite más tarde y ya tienen la resolución favorable”, explica a Público.

Espera con ansias la noticia que podría cambiarle la vida porque el joven mauritano conoce bien lo que significa vivir sin papeles. Desde que llegó hace tres años a Canarias ha encadenado empleos precarios en el campo con jornadas de hasta diez horas por apenas 20 euros al día. Ahora, por primera vez desde su llegada, contempla la posibilidad de abandonar la explotación laboral a la que ha sido sometido y empezar una vida con derechos.

Idrissa es uno de los más de 900.000 migrantes que ya han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, una cifra que ha superado las previsiones iniciales del Ejecutivo, que calculaba que alrededor de medio millón de personas podrían beneficiarse del proceso.

Los últimos datos oficiales -correspondientes al 15 de junio- señalan que alrededor de 360.000 expedientes han sido admitidos a trámite, tras ello, la administración cuenta con tres meses para resolver cada solicitud. Ya se han producido resoluciones favorables en distintos puntos del país y el Ministerio de Migraciones apunta que el procedimiento está avanzando de manera positiva y que hay una amplia disponibilidad de citas para quienes aún no han presentado su solicitud. Aunque las organizaciones sociales, sin embargo, dibujan un escenario más complejo y advierten de que el ritmo de tramitación es más lento de lo prometido.

“La preocupación es enorme”, explica Silvana Cabrera, portavoz del movimiento Regularización Ya y activista del Servicio Doméstico Activo. “Dentro de SEDOAC hemos presentado cerca de 1.000 expedientes y todavía no tenemos ni una sola resolución favorable. Desde el principio el Gobierno dijo que la admisión a trámite llegaría en 15 días, pero no ha sido así. Hay expedientes presentados a principios de abril cuya admisión aún no ha llegado“, denuncia en conversación con Público.

Las organizaciones reconocen el carácter excepcional de una regularización que supera incluso a la de 2005 -cuando se presentaron 691.655 solicitudes y finalmente se concedieron 576.506 autorizaciones-, pero exigen al Gobierno mayores garantías para que nadie se quede fuera. “Tras seis años de lucha incansable del movimiento formado por personas migrantes autoorganizadas como sujetos políticos, la regularización extraordinaria representa una oportunidad histórica para cientos de miles de personas. Sin embargo, de nada sirve aprobar una norma si las administraciones no ponen los medios necesarios para que pueda hacerse efectiva“, apunta Regularización Ya en un comunicado.

La plataforma denuncia que personas procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia están encontrando especiales obstáculos para conseguir citas consulares y documentación imprescindible, como certificados de antecedentes penales, certificados de nacimiento o poderes notariales. “Estas trabas administrativas excluyen injustamente a personas que cumplen todos los requisitos materiales exigidos por la norma”, señalan.

A ello se suman las dificultades añadidas que sufren quienes viven en zonas rurales, obligados a recorrer largas distancias para realizar trámites o acceder a asesoramiento. “La distancia a las oficinas de extranjería, las limitaciones del transporte público y la escasez de servicios especializados generan una desigualdad territorial evidente en el acceso al procedimiento”, añaden.

La entidad teme además que el principal cuello de botella llegue después. Una vez obtenida la resolución favorable, las personas regularizadas deben conseguir cita en las comisarías para realizar el último paso del proceso, la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). El sistema ya arrastraba problemas antes del inicio de la regularización extraordinaria y las organizaciones temen que el elevado volumen de solicitudes agrave aún más la falta de citas disponibles en algunas comunidades autónomas.

Para muchas personas, obtener la TIE significa también poder viajar por primera vez en años para visitar a sus familias. Una situación de urgencia por completar el último trámite que ha alimentado un mercado ilegal en internet. “Nos preocupa muchísimo que vuelva a producirse el negocio de la compraventa de citas. Hay personas que han llegado a pagar cientos de euros por una cita para las huellas. Por eso pedimos al Gobierno que comunique la cita automáticamente junto con la resolución favorable”, denuncia Cabrera.

Denuncian un aumento de redadas

Pero los trámites burocráticos no son la única preocupación. Diferentes organizaciones sociales han alertado de que se está produciendo un aumento de las identificaciones policiales por perfil étnico y de las sanciones a personas sin permiso de residencia. Unas prácticas que, según denuncia València pels Drets de les Persones Immigrades, chocan con el espíritu de una regularización concebida precisamente para sacar de la irregularidad a quienes llevan años viviendo y trabajando en España.

De hecho, el Defensor del Pueblo ha recomendado expresamente evitar la expulsión de personas que se podrían acoger a la regularización. En este sentido, la plataforma Stop Deportación alerta de que algunos internos de los CIE no han tenido acceso a la información ni los trámites necesarios para presentar la solicitud y que, en algunos casos, se han producido expulsiones antes de completar el procedimiento.

Precisamente a raíz de esta situación, el Juzgado de Primera Instancia número 29 de Madrid ordenó el pasado jueves al CIE de Aluche facilitar a las personas internas el acceso a los trámites de regularización, tras una demanda presentada por varias organizaciones sociales. La medida supone un avance, aunque solo afecta por el momento al centro madrileño y llega cuando apenas queda una semana para que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

“Es inaceptable que continúen las expulsiones mientras el propio Estado reconoce la necesidad de regularizar a quienes viven, trabajan y contribuyen diariamente a nuestra sociedad”, denuncian desde Regularización Ya.