Mayor vigilancia fronteriza empuja a inmigrantes a arriesgar sus vidas en el Pacífico, denuncian activistas
Organizaciones, activistas y académicos advierten que la presión militar y tecnológica en tierra no detiene la migración, sino que la desvía hacia el mar
El endurecimiento de los controles migratorios en la frontera entre Estados Unidos y México está provocando que personas que buscan ingresar al país recurran cada vez más a peligrosas rutas marítimas por el océano Pacífico, donde enfrentan riesgos de ahogamiento, hipotermia y extorsiones de organizaciones criminales.
El despliegue de drones, sensores de movimiento, tecnología de vigilancia y un mayor número de agentes de la Patrulla Fronteriza ha complicado los cruces tradicionales por tierra, obligando a algunos inmigrantes a buscar alternativas en embarcaciones pequeñas que navegan de noche y, en ocasiones, transportan más pasajeros de los que pueden soportar.
Especialistas y activistas en Tijuana advirtieron que la presión ejercida en la frontera terrestre está desplazando parte de la actividad migratoria hacia el mar, donde las condiciones de navegación representan una amenaza adicional para quienes intentan llegar a territorio estadounidense.
Víctor Clark Alfaro, antropólogo y académico de la Universidad Estatal de San Diego, explicó que algunas embarcaciones realizan las travesías sin luces de navegación y se internan en aguas abiertas para evitar la vigilancia de las autoridades.
Los riesgos incluyen corrientes marinas, oleaje intenso, bajas temperaturas del agua, calambres, hipotermia y ahogamientos. A ello se suma la actividad de grupos dedicados al tráfico de personas, que aprovechan la desesperación de los inmigrantes para imponer cobros elevados.
Las tarifas por un traslado marítimo pueden alcanzar entre $12,000 y $30,000 dólares, dependiendo de la ruta y de los intermediarios. También se han denunciado cobros de entre 10,000 y 15,000 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente $537 y $805 dólares, únicamente por permanecer en determinadas zonas de playa.
La situación quedó expuesta en el testimonio de Daniel, un mexicano deportado el 22 de junio de 2026 que regresó a Tijuana con la intención de reunirse con su esposa y sus dos hijos, quienes permanecen en Estados Unidos.
El hombre relató que anteriormente consiguió avanzar por el mar después de nadar durante cuatro horas con un traje de buzo y esperar condiciones de neblina para intentar evitar la vigilancia. Durante aquella travesía sufrió calambres por las bajas temperaturas.
“Mi único motor es eso, llegar ahí con ellos”, afirmó al explicar por qué está dispuesto a intentarlo nuevamente.
Hugo Castro, fundador de la Coalición SOS Migrantes, señaló que los cruces marítimos también han cambiado de características. Antes de la pandemia de COVID-19 podían registrarse grupos de entre 10 y 20 personas, mientras que ahora predominan grupos más reducidos.
El activista advirtió que algunas redes criminales controlan sectores de las playas y cobran cuotas a quienes buscan cruzar, incluso sin proporcionarles asistencia.
Un naufragio ocurrido el 16 de octubre, aproximadamente a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, evidenció los peligros de estas operaciones. La Guardia Costera estadounidense localizó a 16 personas y posteriormente suspendió la búsqueda de otras 11 desaparecidas, aunque no confirmó que la embarcación estuviera relacionada con el tráfico de inmigrantes.
El fenómeno también preocupa a las autoridades fronterizas de San Diego. Datos históricos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) documentaron un incremento de 60% en los incidentes de contrabando marítimo entre los años fiscales 2018 y 2019. Las organizaciones criminales modifican sus métodos para evadir los controles terrestres, mientras los inmigrantes quedan expuestos a condiciones marítimas impredecibles y a redes que priorizan sus ganancias sobre la seguridad de las personas.
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