Redadas de ICE desmantelan cuadrillas y asfixian al sector de la construcción, denuncian Asociaciones de Contratistas
El impacto alcanza a residentes legales y a ciudadanos, quienes prefieren no presentarse a trabajar para evitar exponer a sus familias con los agentes federales
La promesa de la administración del presidente Trump de permitir a las empresas “construir, construir y construir” está chocado de frente con la realidad del mercado laboral. Un nuevo informe de la Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos (AGC) y el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción revela que el endurecimiento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está agravando drásticamente la escasez de mano de obra y paralizando proyectos clave en todo el país.
El impacto se refleja especialmente en Georgia, donde contratistas hispanos reportan la pérdida de empleados que abandonaron el país por deportaciones o por temor a convertirse en objetivos de los operativos de ICE.
De acuerdo con EFE, uno de los afectados es Leo Cárdenas, un contratista venezolano de Dunwoody, quien perdió a prácticamente toda su plantilla laboral durante los últimos meses. Varios trabajadores regresaron a sus países de origen y otros dejaron sus empleos por la incertidumbre migratoria. Entre ellos estaba su padrastro.
El empresario, quien tiene una bebé de pocos meses, tuvo que reorganizar su negocio y vender su camioneta de trabajo para continuar operando. Aunque cuenta con estatus legal, también teme ser detenido durante algún operativo migratorio.
“Esta situación es insostenible”, expresó Cárdenas al describir las dificultades para mantener su empresa sin los trabajadores que anteriormente realizaban las labores de construcción.
La crisis laboral también tiene consecuencias en la economía regional. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el área metropolitana de Atlanta perdió aproximadamente 5,100 empleos en la construcción, una de las mayores reducciones registradas en el país.
Gabriela Matute, directora ejecutiva de la Asociación Hispana de Constructores de Georgia (GHCA), señaló que la falta de personal se convirtió en uno de los principales obstáculos para completar las obras dentro de los plazos establecidos. “El impacto es real. Según AGC, la falta de trabajadores es hoy la principal causa de retrasos en la obra. Eso se traduce en costos más altos y plazos más largos”, explicó.
El temor migratorio también aleja a trabajadores con documentos
Matute reconoció que la escasez de mano de obra no comenzó con Trump, pero advirtió que las operaciones migratorias están profundizando el problema. Incluso empleados con autorización legal y ciudadanos estadounidenses prefieren ausentarse para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a sus familias.
De acuerdo con una encuesta de AGC y del Centro Nacional para la Educación e Investigación de la Construcción (NCCER) encontró que 28% de las compañías consultadas había resultado afectado por medidas de control migratorio durante los seis meses anteriores. Aunque 5% reportó visitas de agentes migratorios a sus instalaciones, 10% perdió trabajadores por acciones migratorias reales o rumores de operativos, mientras que 20% señaló que sus subcontratistas también habían perdido empleados.
En Georgia, 75% de los contratistas encuestados manifestó haber sido afectado por la aplicación de las leyes migratorias, frente a 8% en Idaho.
Constructoras piden alternativas para contratar trabajadores
La escasez también se extiende a otras regiones, entre ellas Nueva York-Nueva Jersey, Oakland, Riverside-San Bernardino, Pittsburgh, Sacramento, San Diego y Corpus Christi. AGC identificó dificultades para contratar electricistas, operadores de maquinaria pesada, soldadores, plomeros y otros trabajadores especializados. Además, la construcción de centros de datos incrementa la competencia por personal capacitado.
En una de las mediciones del sector, 87% de las empresas reportó vacantes para trabajadores de oficio y 82% para puestos asalariados. Asimismo, 42% reconoció retrasos en proyectos por falta de empleados propios o de sus subcontratistas. Ante este panorama, la asociación pidió al Congreso y al gobierno de Trump establecer nuevas alternativas migratorias, incluido un programa de visas temporales específico para la construcción.
Ken Simonson, economista jefe de AGC, también planteó permitir que inmigrantes que ya viven en Estados Unidos, incluidos solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), puedan permanecer legalmente y continuar trabajando. Brian Turmail, vicepresidente de asuntos públicos de la organización, advirtió que las medidas legislativas destinadas a ampliar la fuerza laboral todavía tardarían en producir resultados, mientras las constructoras continúan enfrentando dificultades para completar sus proyectos.
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