Su esposo se alistó para darles un futuro; ella fue por sus identificaciones y acabó detenida por el ICE
Giovanna Pérez acudió a una base en Texas confiando en los beneficios del Ejército para su familia; días después, fue detenida y enfrenta un proceso migratorio
El 21 de septiembre, Giovanna Pérez salió de casa con sus cuatro hijos rumbo a una base militar de Texas. Tenía una cita para recoger las tarjetas de identificación que permitirían a su familia acceder al seguro médico militar, las instalaciones y otros beneficios derivados del servicio de su esposo. Sin embargo, en lugar de recibir los documentos que esperaba, terminó bajo la mira del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Su esposo, Pedro Gutiérrez, se había alistado recientemente en el Ejército estadounidense y llevaba un mes en entrenamiento básico en Fort Benning, Georgia. Para él, incorporarse a las Fuerzas Armadas significaba servir a su país, conseguir atención médica para sus hijos y buscar una alternativa para regularizar la situación migratoria de su esposa.
Pero la visita de Pérez a la Estación Aeronaval de Corpus Christi, Texas, cambió el panorama de la familia. De acuerdo con un reportaje de The Atlantic, la mujer fue interrogada por personal militar y posteriormente recibió instrucciones de presentarse en una oficina migratoria. Tres días después, cuando acudió a la cita, fue detenida.
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Pérez llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía seis años. A sus 35 años, había mantenido en reserva su situación migratoria por temor a que proporcionar información al Gobierno pudiera perjudicar a su familia. Aunque su esposo es ciudadano estadounidense, el matrimonio no regulariza automáticamente la situación migratoria de una persona.
Fue por beneficios para sus hijos y terminó ante el ICE
Pérez relató al medio que, al llegar a la base, los guardias no encontraron registro de su cita. Después de dirigirla a una oficina para obtener un pase de visitante, dos funcionarios militares la llevaron, junto con sus hijos, a una sala para hacerles preguntas.
La mujer creyó inicialmente que se trataba de un protocolo de seguridad. Sin embargo, aseguró que uno de los oficiales parecía transmitir sus respuestas por mensajes. Poco después entraron dos hombres con distintivos del ICE, quienes le indicaron que debía presentarse en la oficina de la agencia en Harlingen, Texas.
Sus hijos mayores, de 17, 15 y 11 años, no comprendían lo que sucedía y temían que su madre fuera detenida. Pérez recordó la angustia de aquellos momentos: “Pensé que se suponía que estabas a salvo”.
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La preocupación se convirtió en realidad cuando acudió a la oficina migratoria. Allí fue detenida y se le ordenó comparecer ante un tribunal de inmigración. La mujer sospecha que el personal militar compartió sus datos con las autoridades, aunque los detalles de esa coordinación no han sido esclarecidos por completo.
El servicio militar no evitó el riesgo de deportación
Uno de los elementos más delicados del caso es que el ICE confirmó a The Atlantic que personal de la Marina informó a sus agentes sobre la llegada de Pérez a la base. La agencia sostuvo que tener un familiar en las Fuerzas Armadas no concede automáticamente un estatus migratorio ni inmunidad frente a las leyes de inmigración.
Alex Martínez, abogado de Pérez, cuestionó las consecuencias de utilizar información proporcionada en el contexto de los beneficios militares para identificar a familiares que podrían enfrentar acciones migratorias.
“Están apuñalando por la espalda a sus propios soldados”, declaró Martínez al medio al criticar la situación que atraviesan las familias de militares.
El reportaje también recuerda que Associated Press identificó, en agosto, al menos 50 casos de familiares cercanos de militares en servicio activo arrestados por el ICE. La situación ha generado preocupación entre integrantes de las Fuerzas Armadas, especialmente en comunidades con una importante población hispana.
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Entre las alternativas migratorias existentes está el programa conocido como Parole in Place, que puede permitir a determinados familiares de militares permanecer en Estados Unidos y solicitar la residencia. Sin embargo, la autorización es discrecional y no garantiza la aprobación de la residencia permanente.
Para Gutiérrez, la posibilidad de que su esposa sea deportada supone una amenaza directa para la estabilidad de su hogar. Si ella fuera enviada a México, la familia tendría que afrontar la separación mientras él cumple con sus obligaciones militares.
Pérez permanece al cuidado de sus hijos y reconoce que no sabe qué ocurriría con ellos si tuviera que abandonar el país. Mientras su esposo se preparaba para graduarse del entrenamiento básico en noviembre, ella debía volver a comparecer ante un tribunal migratorio en Texas.
La familia buscaba en el servicio militar una oportunidad para tener atención médica, estabilidad y un futuro con mayores posibilidades. Ahora, en cambio, enfrenta la incertidumbre de una posible separación.
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