En inmigración, frenar la crueldad es norte para votar
Niños detenidos, familias separadas y miedo a perder ayudas sociales ponen la crueldad migratoria en el centro del voto
En la marcha hacia las urnas del 3 de noviembre de 2026, muchos votantes tendrán en cuenta el daño, a veces irreparable, que las políticas migratorias de Donald Trump infligen no únicamente sobre niños inmigrantes, sino sobre niños ciudadanos en familias de situación migratoria mixta.
La maquinaria de detenciones y deportaciones de Trump no exime a nadie. Ni siquiera a los niños.
La semana pasada, mientras intentaban detener a su padre en una intervención vehicular en Nueva York, agentes de ICE dispararon contra un inmigrante dominicano mientras su hijo de cinco años de edad se encontraba en el auto.
Pero no se trata únicamente de la violencia de los operativos migratorios. Son prácticas y políticas públicas que con toda la intención buscan generar miedo, daño, o privar a menores ciudadanos o residentes legales de acceso a programas de asistencia nutricional, médica o educativa.
Relacionado
Congresista llama “daños colaterales” a inmigrantes y dice: “Gracias a Dios nos deshacemos de la basura”
Son las redadas en iglesias, edificios gubernamentales mientras los menores acompañan a sus padres a citas de inmigración, en escuelas y sus alrededores. La situación ha llegado al extremo de que niños, incluidos menores ciudadanos, dejan de acudir a la escuela, recibir atención médica o acceder a programas de ayuda alimentaria a los que tienen derecho porque sus padres temen ser detenidos y eventualmente deportados.
Las cifras de menores detenidos
El Marshall Project ha recopilado muchos de estos datos basándose en el Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles.
Las cifras son alarmantes. Entre enero y agosto del 2026, 8,592 niños fueron arrestados por ICE; 8,755 niños fueron detenidos por ICE; 562 bebés y niños pequeños fueron detenidos por ICE. Asimismo, en promedio hay 198 niños bajo la custodia de ICE diariamente. Al menos el 54% de los niños que fueron liberados de centros de detención fueron eventualmente deportados. El gobierno federal ha deportado 22,565 menores de edad, y 1,460 de los deportados fueron detenidos al interior del país, no en la frontera.
Relacionado
Ni tener la ciudadanía los protegió: más de 500 estadounidenses han sido detenidos por ICE
Luego del trauma de la detención, sea en una iglesia, edificio gubernamental, una escuela o en la santidad de su propio hogar, muchos de esos menores enfrentan la separación familiar y las secuelas no solo emocionales, sino económicas, cuando uno o los dos proveedores del hogar son detenidos y deportados.
Otros menores terminan junto a sus padres en centros de detención donde no reciben alimentación adecuada ni cuidados médicos cuando lo necesitan, sobre todo para atender su salud mental. No pueden dormir porque las luces permanecen encendidas o porque el frío es insostenible.
A eso súmele los que están solos sin representación legal adecuada. Son numerosos los reportes de prensa de menores de edad que son llevados a audiencias ante jueces de inmigración sin abogado para el trámite que determinará si es o no deportado. Algunos son infantes de 2 y 3 años de edad.
La amenaza de perder ayudas sociales
Esa crueldad también se manifiesta en políticas públicas impulsadas por Trump, quien revivió una versión de la regla de ‘carga pública’ desde el pasado 18 de septiembre que aplica a quienes solicitan la tarjeta de residencia a través de un familiar, o a residentes permanentes que han salido de Estados Unidos por más de seis meses y quieren reingresar.
Relacionado
31% de las muertes bajo custodia de ICE durante Trump corresponde a mexicanos
La idea es que funcionarios de inmigración tengan más poderes para determinar si un solicitante de residencia permanente podría convertirse en ‘carga pública’.
Pero son residentes legales que tienen derecho a ciertos tipos de asistencia pública basadas en ingresos que dejarían de solicitar por temor a afectar su petición de residencia permanente. O puede darse el caso de que los hijos ciudadanos de estos inmigrantes reciban o hayan recibido ayuda pública a la que tienen derecho y eso puede arriesgar la petición de residencia de sus padres.
¿Más ejemplos de crueldad? Prohibido olvidar que la primera administración Trump separó a unos 5,000 niños de sus padres en la frontera mediante la política de “cero tolerancia” para evitar que otros inmigrantes intentaran arribar sin documentos a Estados Unidos. La presión pública logró que la práctica se eliminara, pero miles de menores quedaron atrapados en un sistema burocrático sin saber siquiera exactamente dónde estaban. En 2023, en el quinto aniversario de la vergonzosa medida, todavía unos 1,000 menores seguían esperando reunirse con sus padres.
Es esa crueldad la que parece haber erosionado el apoyo de ciertos electores a Trump y al Partido Republicano en su manejo del tema migratorio, como el caso de los hispanos, especialmente golpeados por la política migratoria, aunque no sean indocumentados. Ciudadanos y residentes autorizados han sufrido el uso del perfilamiento racial y el acoso por parte de agentes migratorios.
El 3 de noviembre los votantes tendrán la última palabra.
Sigue leyendo:
