Organizaciones latinas demandan a gobierno de Trump para frenar nuevo centro de detención de ICE en Colorado
“Los centros de detención de inmigrantes perjudican la salud y el bienestar de comunidades enteras”, manifestó Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de CIRC
Dos organizaciones latinas presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para impedir la apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson, Colorado, al argumentar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realizó las evaluaciones ambientales exigidas antes de avanzar con el proyecto.
GreenLatinos y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) acudieron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado para cuestionar la decisión de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de utilizar las instalaciones de Big Horn como centro federal de detención. La demanda sostiene que la antigua prisión privada permaneció vacía desde aproximadamente 2013 y que su reapertura podría generar impactos sobre la calidad del aire, el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, el tránsito y la salud pública.
El proyecto contempla una capacidad de hasta 1,250 inmigrantes, una población que representaría un aumento considerable para Hudson, una comunidad rural ubicada unos 50 kilómetros al noreste de Denver.
Los grupos demandantes aseguran que Hudson forma parte de la región metropolitana de Denver/North Front Range, donde actualmente no se cumplen los estándares federales de calidad del aire relacionados con el ozono.
De acuerdo con la denuncia, las operaciones del centro generarían emisiones adicionales por el funcionamiento de sus instalaciones, el transporte de personas detenidas, los desplazamientos del personal y el movimiento de vehículos encargados del suministro. La demanda también cuestiona el impacto que tendría el centro sobre el consumo de agua y el sistema local de tratamiento de aguas residuales. Los grupos citan, además, una acción previa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) relacionada con descargas de aguas residuales de la antigua prisión.
“Los centros de detención de inmigrantes perjudican la salud y el bienestar de comunidades enteras”, declaró Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de CIRC. Mark Magaña, fundador y director ejecutivo de GreenLatinos, sostuvo que ninguna comunidad debe ser considerada prescindible para ampliar el sistema de detención migratoria.
ICE tampoco habría preparado, según los demandantes, una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental conforme a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). GEO Group, empresa privada que administraría el inmueble, obtuvo un contrato de cinco años para operar el centro, con ingresos estimados en unos $85 millones anuales.
La demanda solicita que un juez ordene detener las actividades relacionadas con la reapertura y construcción hasta que ICE cumpla con las obligaciones ambientales federales. El caso se suma a otras disputas legales sobre instalaciones migratorias. En Arizona y California, tribunales federales han intervenido en proyectos de centros de detención por cuestionamientos relacionados con sus posibles impactos ambientales.
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