Hechos de la semana en inmigración: TPS salvadoreño expira y Trump enfrenta un nuevo revés
Más de 170,000 salvadoreños podrían perder su protección, mientras ICE registra cifras récord y crece la tensión electoral
En el fin de semana que se celebra el Día del Trabajo para conmemorar las contribuciones de los trabajadores estadounidenses, miles de trabajadores salvadoreños se aprestan a perder su Estatus de Protección Temporal (TPS), concedido inicialmente hace 25 años.
Se trata de más de 170,000 salvadoreños que perderán sus permisos de trabajo y la protección de la deportación si, como se anticipa, el programa expira el 9 de septiembre.
Un reciente reporte de FWD.us indicó que “los salvadoreños constituyen la población con TPS más antigua del país”. “Se les concedió protección por primera vez en 2001 y, durante un cuarto de siglo, han criado a hijos ciudadanos estadounidenses, han comprado viviendas, han abierto negocios y han sido un pilar fundamental de sectores económicos esenciales. Retirarles estas protecciones pondría en peligro cientos de miles de vidas y debilitaría precisamente a la mano de obra y a las familias que fortalecen a Estados Unidos”, dice el reporte.
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Agrega además que “los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan $5,400 millones de dólares al año a la economía, pagan $1,500 millones de dólares en impuestos y son piezas fundamentales de los sectores de la construcción, el transporte, la industria manufacturera y la restauración, por citar solo algunos”.
La prensa reportó que activistas y organizaciones salvadoreñas en Estados Unidos han solicitado que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interceda ante el presidente Donald Trump para que haya otra extensión. Si los beneficiarios pierden sus permisos de trabajo, el país centroamericano dejaría de recibir las remesas que representan casi el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador. Los beneficiarios del TPS son un sector de los salvadoreños en el exterior que envían remesas a sus familias.
Un joven haitiano pierde el TPS
Un joven haitiano de 20 años de edad, Pierre Damas Bel, que vivía en Springfield, Ohio, enclave importante de la comunidad haitiana en Estados Unidos, aparentemente se suicidó al bajar de su auto en plena autopista y caminar hacia el tráfico donde fue impactado y falleció.
Damas Bel fue uno de los 350,000 haitianos que perdieron el TPS. Le colocaron un grillete electrónico el pasado mes de julio. “Vine a este país para seguir con mis estudios, no vine aquí para cometer un delito ni para hacerle daño a nadie. Sin embargo, ahora voy por las calles de Estados Unidos con un localizador GPS en la pierna, cargando con un sentimiento de vergüenza y humillación que nunca imaginé que llegaría a experimentar”, escribió el joven en redes sociales.
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Organizaciones haitianas, activistas y políticos denunciaron que la muerte de Damas Bel ilustra el nivel de desesperación que supone perder las protecciones del TPS y la posibilidad de ser deportados a un país como Haití, donde reinan la pobreza, el caos y la violencia pandilleril.
“No hay nada ilegal ni delictivo en el historial de Pierre Damas Bel, ni siquiera una multa de tráfico, y no debería haber llegado a este punto para que esta administración comprendiera que tiene las manos manchadas de sangre. No hay nada que justifique poner grilletes a personas que nunca han cometido un delito. Esta situación pudo haberse evitado”,
declaró Yola Lamarre, de la Red de la Comunidad Haitiana.
Trump insiste con ciudadanía por nacimiento
La Opinión reportó que “la jueza federal Deborah Boardman ordenó suspender temporalmente una nueva disposición de la administración de Donald Trump que buscaba limitar quién puede obtener la ciudadanía estadounidense al nacer”.
“La resolución representa otro obstáculo para la política migratoria del presidente y ocurre después de que la Corte Suprema rechazara en junio su primer intento de restringir este derecho mediante una orden ejecutiva”, agrega el artículo.
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“La orden firmada por Trump buscaba impedir que determinados niños nacidos en territorio estadounidense fueran reconocidos automáticamente como ciudadanos cuando sus padres fueran considerados “enemigos extranjeros”, empleados de gobiernos extranjeros o estuvieran relacionados con los llamados casos de turismo de nacimiento”, informó el diario.
Pero la jueza Boardman indicó “que los demandantes tienen posibilidades importantes de demostrar que la nueva orden viola las garantías establecidas por la Decimocuarta Enmienda, cuyo texto establece que son ciudadanos ‘todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción’”.
ICE rompe récord de detenciones
Según La Opinión, “después de alcanzar un récord de 49,571 arrestos en julio, la agencia federal habría mantenido en agosto un nivel cercano a las 50,000 detenciones, de acuerdo con datos preliminares citados por un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.
“Una revisión de cifras entregadas por ICE al Deportation Data Project, de las universidades de California en Berkeley y UCLA, estableció que el mes de julio fue el de mayor número de arrestos durante la segunda administración de Donald Trump. La cifra representó un aumento de 15% frente a junio y de aproximadamente 70% respecto a febrero, pero en agosto alcanzó un nuevo récord”, indicó el diario.
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DHS no descarta agentes de ICE en centros de votación
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que se podrían desplegar agentes en los colegios electorales para responder a amenazas concretas o ejecutar órdenes judiciales, informó The Guardian.
“El ICE no está ahí para patrullar los colegios electorales. Estamos ahí para hacer frente a amenazas concretas”, indicó Mullin.
No obstante, grupos de defensa del derecho al voto, de derechos civiles y de los inmigrantes denuncian que con la amenaza de destacar agentes de ICE durante los comicios, la intención del presidente Trump es intimidar sobre todo a los votantes de color patra evitar que ejerzan su derecho al voto.
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Cita de la semana:
“El efecto desestabilizador que esto podría tener en nuestra población activa y, por lo tanto, en nuestra economía, se dejaría sentir en todos los rincones del estado y en todo el país..Lo que le pido a esta administración es que reflexione sobre el impacto que esto va a tener, no solo en estas familias, sino también en nuestra economía”, declaró la senadora demócrata de Nevada, Catherine Cortez Masto, sobre la expiración del TPS en Estados Unidos para más de 170,000 salvadoreños.
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